Nuestra Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos (RedLaCEDH) condena la inaceptable violencia institucional de las fuerzas policiales y militares del gobierno del Pte. Guillermo Lasso ante su evidente fracaso de promover instancias de negociación con la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), las organizaciones sociales y sectores de la sociedad ecuatoriana movilizadas que han declarado un Paro Nacional. Tras 12 días de protesta, con al menos cinco manifestantes asesinados (en redes hay imágenes brutales de cráneos y rostros desfigurados) y más de 200 personas heridas por ataques de la policía a un pueblo desarmado, que incluye afectaciones a grupos de mujeres y niños indígenas. Pruebas que a esta altura resultan irrefutables a la hora de avasallar el derecho a la protesta que es inherente a todo sistema democrático y una flagrante violación a los Derechos Humanos. El gobierno no ha propiciado canales efectivos de diálogo: apresó al principal líder, Leónidas Iza, y cuando fue liberado sufrió un atentado a su vida. Se ha tomado el edificio de la Casa de la Cultura, que es un lugar neutral, para impedir que se alojen los compañeros indígenas que han salido de sus pueblos hacia la capital. Algunas universidades abrieron sus puertas, haciendo uso de sus principios de autonomía. Sin embargo, dicha autonomía se ha visto también violentada y se ha reprimido a la gente dentro de las mismas.

En el día de ayer, 24 de junio, en rueda de prensa el Pte. Lasso ha amenazado a estas comunidades indígenas dictando un ultimátum: si no regresan a sus casas se hará uso progresivo de la fuerza. En la tarde y noche de ayer se han bombardeado con gases y otras armas a la gente en las calles y en la Universidad Central y otros lugares de acogida, considerados zonas de paz. En este contexto, y como organización inter-académica de la región, la RedLaCEDH desea extender su solidaridad abierta al pueblo ecuatoriano, al tiempo que hace un llamado profundo a pacificar el conflicto a quien ostenta el monopolio de la fuerza legítima, el Estado del Ecuador, pidiéndole que asuma con particular responsabilidad gestionar y garantizar canales genuinos de diálogos y consensos pacíficos. Echar culpas a terceros u opositores es un acto de irresponsabilidad mayor que no contribuye a solucionar las demandas planteadas. Extiende un pedido especial a las fuerzas policiales, de seguridad y militares para frenar todo acto de represión contra el pueblo y las detenciones arbitrarias, pues esos delitos más temprano que tarde los hará responsables de las violaciones generadas a las víctimas, so pena de ser abarcados por delitos penalizados en el derecho constitucional e internacional. En tal sentido, solicitamos a la comunidad internacional, especialmente a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de agotar todas las instancias necesarias por la vía del derecho internacional para que el gobierno de Lasso abra los canales institucionales para que se reactive la mesa de negociación y diálogo con los líderes y lideresas de la protesta, en el marco del respeto al derecho a la vida y a la libertad de protesta social de la población civil.

En tal sentido, consideramos oportuno postular que dichos organismos sean observadores externos que permitan ser testigos de este proceso de diálogo y resolución del conflicto. Por último, queremos denunciar que las políticas neoliberales que promueven las elites del poder económico, político y cultural afectan particularmente a las diversidades pluriétnicas que son mayoritarias en la nación hermana del Ecuador, y que como forma de respetar el patrimonio cultural y la vida de los pueblos originarios exigimos el inmediato cese de violencia para quienes son ciudadanos/as de ese país.

Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos – 25 de junio de 2022