En el marco del Centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba, oportunamente conmemorada en la última Conferencia Regional de Educación Superior (2018), y también, en el complejo contexto latinoamericano y caribeño, signado por la instrumentación de políticas neoliberales y conservadoras que amenazan las democracias de América Latina, las y los integrantes de la RED íbamos a reencontrarnos en la ciudad de Antofagasta, Chile, en el VIII Coloquio Latinoamericano y Caribeño de Educación en Derechos Humanos, del 23 al 25 de Octubre.

Dada la grave situación que ha planteado el estado de excepción con toque de queda declarado por el gobierno de Pte. Sebastian Piñera, se suspendió la realización de este coloquio.

Luego de un trabajo consecuente y planificado de dos años a esta parte, en que la Universidad de Antofagasta había organizado la coordinación académica junto a la Coordinación General de la RedLaCEDH, de la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil), se ha tenido que clausurar el debate de los varios ejes temáticos que nos disponíamos a desarrollar en torno al debate científico sobre la educación en derechos humanos en la región

En su lugar desarrollamos el Conversatorio “Resistencia Antofagasta” que reúne a integrantes de la Red y participantes vinculados a la educación en derechos humanos.

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La RedLaCEDH reafirma su compromiso con la educación entendida como bien público y social, colectivo y estratégico para poder garantizar los Derechos Humanos de los pueblos. A la vez, involucra a todos los niveles de enseñanza del sistema educativo, organizaciones no gubernamentales, gremiales, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos que se han involucrado con los objetivos de esta Red desde su mismo origen a través de los diferentes coloquios de Educación en Derechos Humanos.

En este ámbito de interacción entre las universidades, organismos de la sociedad civil, representantes de organismos públicos y miembros particulares que integran la RedLaCEDH, inscribimos nuestras luchas, levantamos la voz, y sostenemos:

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Los principios declarados en la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, especialmente en lo que refiere a la “Educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber de los Estados”. Principio básico que se sostiene en la existencia de universidades públicas, gratuitas e inclusivas, que medien estrategias capaces de lograr el ingreso y permanencia de los y las estudiantes, en el marco del respeto a la libertad de pensamiento y la pluralidad cultural. Es compromiso del Estado garantizar este derecho financiando debidamente a las instituciones universitarias, remunerando con justicia a los/las docentes y trabajadores e implementando políticas de inclusión social.

Por ello, manifestamos nuestra más profunda preocupación por la crítica situación que atraviesa el sistema educativo en todos sus niveles y modalidades en América Latina y el Caribe signado en la mayoría de los países por recortes presupuestarios, el desfinanciamiento y el retroceso salarial, el ataque sistemático a las y los representantes gremiales de la educación, la persecución a visiones filosóficas y ideológicas de mundo, lo que pone en riesgo el desempeño, la vida institucional de nuestras casas de estudios y la libertad de cátedra.

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La necesidad de consolidar un modelo de educación, crítica y comprometida, que abandonando lógicas endogámicas, se disponga a contribuir en los procesos de transformación social y promoción de la ciudadanía con enfoque en los Derechos Humanos.

La educación,   particularmente la formación superior y universitaria debe promover la des-colonización de los modelos educativos y culturales, la des-patriarcalización de sus prácticas y la des-mercantilización de sus lógicas, incorporando enfoques extracéntricos, decoloniales, de género y con sentido humanista y ambiental en sus prácticas.

En un contexto educativo crítico y comprometido, las mujeres, las organizaciones sociales, las comunidades originarias y afrodescendientes, personas migrantes, los colectivos LGBTTTIQ+, las personas mayores, los niños, niñas y adolescentes, las personas en situación de discapacidad, las personas privados de libertad y todos aquellos sectores sociales históricamente oprimidos cumplen un rol preponderante y significativo.

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El compromiso ineludible con la Democracia social, participativa y la plena vigencia del Estado Democrático de Derecho, como garantía de respeto a los derechos humanos: civiles, sociales, políticos, económicos y culturales del pueblo. En ese sentido, el ajuste feroz que empobrece a la mayoría de nuestros países ha generado una situación crítica que amenaza la paz social y atenta contra el sentido de lo público, la igualdad y la justicia.

Múltiples y graves casos de violencia institucional sobre sectores sociales vulnerables se reproducen en nuestros pueblos de Latinoamérica y el Caribe. También, devienen comunes los golpes de Estado y las interrupciones democráticas. Nos alarman los actos represivos por parte de las fuerzas de seguridad ante los reclamos de trabajadores despedidos, docentes y pueblos originarios, criminalización de los sectores juveniles, de la pobreza, de la protesta, así como el desprecio por personas mayores, los ataques al Estado Democrático de Derecho y la militarización de las instituciones sociales. Así como también nos alarma la violación de las garantías procesales que dañan las reglas del debido proceso y producen detenciones arbitrarias.

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Reiteramos la importancia estratégica de la Educación en Derechos Humanos, la implementación de los Planes Nacionales de Educación en Derechos Humanos y la creación de Planes Nacionales de Educación en Derechos Humanos donde no fueran aún desarrollados, estos han de ser concebidos como políticas públicas por ende dotados de presupuesto y responsabilidades institucionales claras desde una perspectiva de integralidad y transversalidad, asimismo deben incluir la formación de educadores en derechos humanos.

Reconocemos que sus contenidos, directrices y principios ofrecen orientaciones de importancia para educadores y educadoras en procesos de construcción de conocimientos, considerando la necesaria tarea de respeto a la dignidad de todos(as) y de cada uno(a).

Las políticas de EDH no son de interés de un grupo, de un partido, de una ideología, pero de toda la sociedad. El respeto a la dignidad no es posible sin condiciones de igualdad, de libertad, de justicia, de ciudadanía, de solidaridad, de diversidad, de reconocimiento, de redistribución.

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La construcción de Memoria, como principio educativo fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico y socialmente comprometido y frente al “negacionismo” promovido desde algunos sectores o el retorno de la “Teoría de los dos Demonios”, la educación debe seguir promoviendo ámbitos de debate, problematización y producción que abonen a la comprensión histórica de la realidad nacional, latinoamericana y caribeña para avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia que nos permita desarrollar una cultura de paz y respeto de los derechos humanos.

La falta de garantías para consolidar un proceso de justicia transicional en la región, en aquellos países que vivieron el Terrorismo de Estado y guerra interna así como aquellos que requieren  alcanzar acuerdos de paz que superen salidas violentas a los conflictos sociales, deben promover la concientización, la organización y la integración regional de los sectores populares, nacionales y pluriétnicos.

Esta  REDLACEDH  rechaza enfáticamente todas aquellas medidas que en América Latina y el Caribe reasignan a las fuerzas militares competencias en operaciones de apoyo a la “seguridad interior”, es decir, en funciones de represión interna. En los últimos años, con frecuencia y sistemáticamente, el principio de autonomía de nuestras universidades públicas ha sido avasallado deliberadamente en reiteradas oportunidades por fuerzas policiales y de seguridad recuperando una nefasta tradición antidemocrática que creíamos superada definitivamente.

Tal como se concluyó en la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) del 2018 Conferencia Regional de Educación Superior (2018), reafirmamos que “las instituciones de educación superior están llamadas a ocupar un papel preponderante en la promoción y el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, rechazando las dictaduras y los atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región”.

La imposibilidad de llevar a cabo el VIII Coloquio Latinoamericano y Caribeño de Educación en Derechos Humanos en la ciudad de Antofagasta de Chile, ha generado un sentimiento de rebeldía frente a la cruda realidad. Lejos de quedarnos indiferentes ante tantas prácticas y discursos que se reinventan en las peores tradiciones autoritarias, mostraremos nuestra resistencia donde sabemos hacerlo: en las aulas, con las comunidades, en las calles   con el pueblo, construyendo conocimiento y una cultura democrática no violenta, plural e inclusiva.

Rede Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos por los participantes do Conversatorio “Resistência Antofagasta”